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Continúa firme la medida judicial que ordena la suspensión de la
construcción del terraplen de Yahaveré en los Esteros del Iberá. La
detención de dicha obra, encarada por la empresa Forestal Andina S.A.,
fue solicitada el 2 de diciembre de 2005 por Bruno Leiva, un habitante
de la zona.
La Sala 4 de la Cámara Civil y Comercial de Corrientes fue quien dictó
oportunamente la orden hasta tanto se contara con los elementos de
juicio consistente en un estudio del impacto ambiental que tendría dicha
construcción, como asimismo solicitó al Instituto Correntino del Agua y
el Ambiente que informe si la ejecución del proyecto de la forestadora
contaba con la autorización de dicho organismo.
 La
Justicia rechazó el pedido de revocación presentado por Forestal Andina,
por lo que dejó en firme la orden de suspensión de las obras que
oportunamente resolviera manteniéndola en firme.
La causa se inició por una denuncia presentada por un habitante del
Paraje Yahaveré, Bruno Leiva, quien manifestó a la Justicia que la
muralla de tierra realizada dentro de la
 propiedad
de la empresa forestal podría dar
lugar a un escurrimiento
anormal de las aguas con la consecuente posibilidad de que sus viviendas
fueran inundadas.
A pesar de tener una orden judicial que los inhibía de continuar
con el proyecto, vecinos de la zona indican que durante el mes de Enero
esta empresa continuó con la obra con el
 aparente
fin de concretar el cierre de esta suerte de muro de contención. Esto
dará lugar a una nueva presentación por parte de los abogados de Leiva,
manifestó Patricia Mc
Cor-mack, representante legal del lugareño.
Denuncia por incumplimiento de
funciones públicas
Patricia Mc
Cormack, abogada de Leiva, anticipó al Diario Epoca, que “estamos
estudiando la posibilidad de denunciarlo penalmente al administrador del
ICAA por incumplimiento de funcionario público, porque en todo momento
tuvo conocimiento a través de los medios
de que se estaban
llevando a cabo estas obras pero no arbitró los medios necesarios como
para corroborar si esta información era fehaciente”.
 Según
Mc Cormack, Rujana en su momento había manifestado en decla-raciones a
distintos “su preocupación sobre cómo iba a responder mi cliente ante un
posible pedido de resar-cimiento económico por perjuicios por parte de
la empresa, en otras palabras, no se preocupó en demasía por siquiera
constatar si la construcción del terraplén provocaría algún daño al
medio ambiente”, indicó.
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