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Se agrava la situación de los siete jóvenes correntinos que están bajo sospecha por el caso del turista bonaerense Ariel Malvino, muerto a golpes en la playa brasileña de Ferrugem. La justicia de ese país agravó la calificación de la causa y la convirtió en homicidio calificado, un delito para el cual allí se prevé una pena de hasta 30 años de cárcel.

Así lo informaron al diario La Nación calificadas fuentes del caso, que también confirmaron un rumor que ayer cobraba cada vez más fuerza en esta provincia: uno de los jóvenes bajo sospecha fue deportado hace dos años de los Estados Unidos después de haber sido acusado por un presunto hurto en un shopping de Miami.

La familia Malvino ya envió a un abogado de su confianza a Garopaba (sur de Brasil), donde está la sede judicial en la que se sustanciará el proceso penal por el asesinato de Ariel. Se espera que, representados por un letrado local, los Malvino pidan esta semana la extradición con fines de procesamiento de los sospechosos, que en su mayoría son hijos de personas del quehacer empresarial y político provincial.

Lo mismo ocurre con la familia de Eduardo y Lautaro Braun Billinghurst (de 21 y 25 años, respectivamente), dos de los más sonados sospechosos. Su abogado, Jorge Buompadre, dijo a la prensa local que los hermanos “harán una presentación espontánea ante la justicia de Brasil, lo que facilitará y acelerará los trámites legales”.

Buompadre es uno de los más reconocidos penalistas del fuero en esta ciudad; la madre de los dos jóvenes, Nidia Alicia Billinghurst, también es abogada. Tanto ella como su esposo, Jorge Braun -importante empresario dedicado a la comercialización de maquinaria vial-, han incursionado, aunque sin éxito aún, en la política provincial.

Anteayer, el matrimonio Braun Billinghurst manifestó públicamente: "Queremos decir que Lautaro, Eduardo y sus amigos no han realizado acción homicida alguna, no han quitado la vida de Ariel Malvino". Y el subsecretario de Turismo de Corrientes, Horacio Pozo, también fijó posición respecto de las imputaciones sobre su hijo, Horacio (23 años): "Si bien mi hijo formó parte del grupo [...], con todo énfasis digo que mi hijo Horacio Antonio o sus amigos no han cometido el delito que los medios les imputan, ni ningún otro".

Además de esos jóvenes, identificados por sus padres, entre los sospechosos está el sobrino de un ex gobernador, el hijo de otro funcionario y los hijos de personas muy relacionadas con el mundo de los negocios. Por eso, la orden de sus padres fue mantener un perfil bajísimo hasta que llegue el momento de enfrentar a la Justicia.

Hasta tanto la justicia brasileña no los requiera por el crimen ocurrido el 19 del actual, los siete sospechosos no tienen ningún impedimento para moverse, lo que no implica que no estén bajo discreta vigilancia. Un detective de la Policía Federal -fuerza a la que le corresponderá hacer efectivas las detenciones, llegado el caso- confirmó aquella vigilancia a La Nación y dijo al respecto: "No estamos ante un homicidio culposo o preterintencional, sino ante un asesinato con alevosía. La víctima estaba tendida en el piso, droggy, cuando le tiraron una piedra de 17 kilos en la cara".

Fuente:: La Nación