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El Senado convirtió hoy en ley el
proyecto oficial que permitirá un aumento de tarifas en las boletas de gas y
electricidad para financiar mediante “cargos específicos” obras de
infraestructura para ampliar la red de servicio.
Si bien el Gobierno descartó que el
futuro aumento alcance a los usuarios residenciales, la ley no puntualiza cuál
es el nivel de consumo de electricidad y gas calculado para separar a los
pequeños de los grandes.
Así la norma deja una puerta abierta a un
futuro aumento de tarifas de los servicios de gas natural y electricidad.
Apoyó la propuesta sólo el bloque del PJ-Frente
para la Victoria, que cosechó 37 votos a favor y 20 en contra.
En cambio, se manifestó en contra todo el
arco opositor, liderado por la bancada de la UCR, más los demás bloques
minoritarios.
La ley prevé un cobro adicional en las
facturas de los usuarios para financiar obras de infraestructura con el fin de
ampliar la red de servicios de luz y gas.
Sin embargo, la norma no especifica qué
tipo de obras se financiarán, como así tampoco el plazo de las mismas ni la
inversión que se necesitará para llevarlas adelante.
Todo el programa, según la ley, será
implementado por el ministerio de Planificación Federal que preside el ministro
Julio De Vido.
Durante el debate, el titular de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich (PJ-Chaco), defendió el
proyecto oficial y pronosticó que “garantizará el incremento de la oferta
energética” para resolver la escasez de energía.
En este sentido, el legislador señaló que
el Poder Ejecutivo planea invertir, con lo recaudado por esta ley, entre 15 y 20
mil millones de pesos.
Aclaró, por otro lado, que la norma deja
a salvo del aumento a los “pequeños usuarios”, aunque la iniciativa sólo dice
que el Gobierno "podrá exceptuar" a esos sectores.
“Si no se hacen las obras colapsaría el
sistema económico del país”, exageró luego Capitanich, quien además volvió a
remarcar que las obras “resolverán el problema energético” de Argentina.
La norma transfiere amplios poderes al
Poder Ejecutivo, quien fijará el valor de los cargos específicos y podrá
ajustarlos “en la medida que resulte necesario”.
Lo recaudado se girará a un fondo
fiduciario privado, coordinado por el Estado, que luego financiará las obras de
infraestructura.
“Es un cheque en blanco que disminuye la
calidad institucional que no permite, salvo en la ficción, el control de los
fondos públicos”, alertó el justicialista Adolfo Rodríguez Saá, quien se opuso a
la ley.
Otro que rechazó la iniciativa fue el
socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), quien cargó contra el titular de la
Cartera de Planificación Federal: “a esta ley le falta nombre y apellido: Julio
De Vido”, cuestionó.
En igual sentido opinó el radical
independiente Rodolfo Terragno (Capital Federal), quien denominó a la norma
“impuesto De Vido”, en referencia al ministro de Planificación.
También calificó de “inconstitucional” a
la propuesta, y coincidió con Rodríguez Saá de que la ley es “un cheque en
blanco” en favor del Poder Ejecutivo.
Del lado de la oposición, se posicionó
además el transversal Carlos Rossi (Córdoba) y la bonaerense Hilda “Chiche”
Duhalde (PJ), quien tildó al proyecto de “escandaloso”.
Pese a las criticas, el bloque del PJ se
abroqueló y tras más de cinco horas de debate aprobó la ley, que ahora deberá
promulgar el Poder Ejecutivo.
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